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Los delegados del 13° Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal escucharon en al penúltimo día del Congreso que, con la explosion de los medios sociales, las técnicas en fortalecimiento de la ley en la lucha contra el delito es esencial para reforzar la confianza de la comunidad y su implicación mientras se combaten nuevas amenazas online, incluyendo el recrutamiento de terroristas, el ciberdelito.

Una variedad de ejemplos, desde presencia policial y 24 horas de líneas directas, hasta programas como YouTube fueron ofrecidos por los oradores durante la discusión del punto número 6 de la agenda: "Acercamientos nacionales a la participación pública para el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal".

La discusión fue dirigida por un informa guía y de trabajo preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC), el cual examina las oportunidades y retos relativos a la participación pública, incluyendo el papel de los medios sociales y las nuevas tecnologías de información y comunicación, iniciativas centradas en la comunidad y la integración sociale de delincuentes. El documento también incluye varias recomendaciones a ser consideradas por los estados miembros, incluyendo el diseño y la implementación de estratégias de prevención para asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad, dándole un papel especial para la juventud. Los delegados fueron también informados sobre las conclusions alcanzadas en el seminario 4 sobre "Contribución pública a la prevención del delito e incremento de la conciencia de justicia penal: experiencias y lecciones aprendidas".

Los medios sociales son un canal clave para involucrar la público y deberían incluir a colaboradores de la sociedad civil y del sector privado, dijeron los participantes. El representante de Tailandia dijo que su país tenía eso en mente cuando creó el Canal de Justicia, un programa de televisión innovador basado en YouTube. Esta plataforma consigue la diseminación de información, complementando los esfuerzos e incluyendo el establecimiento de centros de justicia de la comunidad.

In addressing the new threat of online terrorist recruitment, algunos delegados se lamentaron al decir que los jóvenes de sus países se han unido a grupos de lucha en conflictos en el extranjero, después del proceso de radicalización online. En relación a este tema, el representante de Noruega dijo que la policía ha aumentado su presencia en la red. "Es importante para nosotros basar los esfuerzos para combater la radicalización y la violencia extremistas en los mismos principios básicos que la prevención del delito en general," enfatizó. El representante de Francia dijo que su país ha tomado un número medidas, como el reciente establecimiento de una línea directa de 24 horas para trabajar en contra de esa radicalización.

De momento los medios sociales están llenos de peligros, dijo el delegado de Canadá, apuntando a los casos de ciberabuso que han tenido como resultado el que las víctimas se hayan quitado la vida. Una nueva ley proteje a los ciudadanos de los delitos online, pero hay una preocupación sobre la creciente tendencia de restricciones de la libertad de expresión online, resultante de las medidas tomadas por algunos gobiernos para censurar o controlar las tecnologías digitales. "Los mismos derechos que se protegen offline deben ser protegidos online," dijo.

La puesta en marcha de medidas para ganarse la confianza de la comunidad en el fortalecimiento de la ley fue algo muy importante para varios de los oradores. El representante de los Estados Unidos dijo que, tras los acontecimientos de Ferguson y Nueva York que han sacado a la luz una frustración profunda de raíz, especialmente entre la gente de color, el Presidente ha firmado una orden ejecutiva y creado un cuerpo especial. El resultado de 63 recomendaciones para mejorar la confianza y el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones policiales podían verse en la página web del Departamento de Justicia. "La colaboración ciudadana es un modelo demostrado de law enforcement," dijo. Coindidiendo, el representante de Catar dijo que dándole un papel a las comunidades locales ha sido una herramienta importante de prevención del delito para este país, cuyo programa incluye reuniones con la sociedad civil para aumentar la conciencia sobre temas relativos a la justicia.

La delegada de Brasil dijo que esfuerzos novedosos que pretenden construir la confianza en la coomunidad, han disminuido los datos de delincuencia, enfatizando que no hay un modelo "único para todos". Resumiendo varios ejemplos con éxito, como por ejemplo las actividades del Grupo cultural AfroReggae, dijo, y las unidades policiales de "pacificación" que operan por Río de Janeiro, que han conseguido que se reduzcan los números de homicidios.

Algunos delegados describieron enfoques multidimensionales, como el representante de México que dijo que una revision del sitema judicial de su país incluyó reformas basadas en los principios del estado de derecho, prevención del delito y protección de los derechos de la víctimas, y están siendo discutidas nuevas leyes sobre la justicia juvenil. Esfuerzos nacionales en El Salvador implican a la sociedad civil, el sector privado y robustecer la participación pública. El representante de ese país, resaltó la campaña "Adelante", que promueve el diálogo centrándose en las familias como base del capital social. Proyectos concretos, operando en 15 localizaciones de prioridad, han sido desarrollados, al mismo tiempo que iniciativas de prevención y rehabilitación centrada en jóvenes con riesgo amenazados por gangs o maras.

El voluntariado es otro de los métodos utilizado por algunos países para estimular la participación pública. El delegado alemán dijo que 3.000 voluntarios trabajaron por todo el país ocupándose de las víctimas y ciudadanos podían trabajar como voluntarios en la policía o en el poder judicial, como arbitros.
El representante de Libia subrayó el programa de la policía voluntaria de su país, pero advirtió que los participantes tienen que ser protegidos de ataques de venganza y de abogados que afirman que los voluntarios no están reconocidos por el código penal.

En algunos países, estratégias alternativas incluyen temas relativos a los delincuentes. El representante de China describe el programa en el que a 700.000 personas se le ha dado como sentencia trabajos comunitarios en vez de tiempo en prisión. El representante de Japón dijo que el programa nacional de voluntarios sobre la libertad condicional involucró a 50.000 ciudadanos para ayudar a reclusos y delincuentes juveniles a reintegrase en la sociedad. Este esfuerzo, que data de hace más de un siglo, ha contribuido a unos datos de delincuencia bajos y está siendo compartido como ejemplo del resultado de los esfuerzos basados en la comunidad.

Durante el largo debate de la mañana, los oradores subrayaron la importancia de incluir a la sociedad civil y el sector privado en el trabajo conjunto. Muchos dijeron que especiales iniciativas con vistas a la juventud son muy importantes, como aquellas que promueven la participación en los esfuerzos de la prevención del delito y la justicia penal. Un número de temas relacionados se presentaron en la Declaración de Doha, que fue adoptada por unanimidad por los Estados Miembros al comienzo del Congreso.

Según la Declaración, los estados miembros deben explorar el potencial del uso de tecnología de información y comunicación tradicional y nueva en el desarrollo de normas y programas para fortalecer la prevención del delito y la justicia penal, incluyendo la identificación de temas de seguridad pública y el fomento de la participación pública. También dieron su palabra de promover la aplicación de sistemas de e-government en el área de prevención del delito y justicia penal, con el fin de aumentar la participación pública y promover el uso de nuevas tecnologías para facilitar la cooperación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades a las que sirven, al igual que compartir buenas prácticas e intercambio de información en temas de colaboración ciudadana.
Otros países que participaron en la discusión fueron Argelia, Indonesia, Venezuela y Sudán.